Ahora corresponde al municipio tramitar el pago de las ayudas a los solicitantes. Tal como establece el decreto que regula estas ayudas, la concesión
corresponde al órgano competente del Ayuntamiento a propuesta del
Servicio Social de Base, para lo que bastará un informe social en el que
se deberá especificar los recursos del solicitante, el estado de la
vivienda y el destino que tendrá el dinero.
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